Negocios de Donald Trump podrían afectar intereses de Estados Unidos

La negativa del presidente electo de EE.UU. a vender sus negocios o separarse de ellos lo expone a la posibilidad de que su gobierno sea rehén de los intereses de su familia.

El peligro de que la extensa red internacional de negocios de Donald Trump y su familia afecte los intereses de Estados Unidos y exponga al país a influencias indebidas por medio de sobornos e incluso extorsión, ha sido resaltado por influyentes medios como la revista Newsweek y el diario Político.

En reportajes sobre el tema, ambas publicaciones destacan especialmente los emprendimientos de la familia Trump en Filipinas, China, Rusia, Turquía y Argentina.

El hecho de que hasta el momento, el presidente electo no haya tomado la decisión definitiva de separarse por completo de su compañía, con la excepción de pasar su autoridad a sus dos hijos varones en un documento fiduciario conocido como “blind trust”, para que estos manejen sus negocios, no ha calmado las ansiedades de los críticos.

El acuerdo fiduciario, no elimina los conflictos porque el dinero que generen los negocios Trump seguirá fluyendo a la familia. Además, ahora con el patriarca en la presidencia de Estados Unidos, el nombre de Trump se ha apreciado al punto de que, temen los críticos, los proyectos de la familia presidencial sean aprobados en otros países sin mayores impedimentos con el objeto de ganar el favor del gobierno estadounidense.

Trump anunció que en un discurso el próximo jueves presentará el plan para separarse de sus negocios mientras esté sirviendo como presidente del país. Este discurso ha generado especulación y medios como NPR temen que el presidente electo no tiene intenciones de vender sus empresas.

“Usted sabe, cuando se trata de negocios inmobiliarios, no es como vender acciones. Esto toma mucho tiempo”, dijo Trump en una entrevista con Fox News Sunday.

Filipinas

Entre los conflictos más escandalosos están varios proyectos de la familia Trump en naciones asiáticas, especialmente en Filipinas, donde el presidente Rodrigo Duterte, quien asumió el poder en mayo, ha emprendido una campaña mortal contra sospechosos drogadictos, proveedores de drogas, delincuentes e incluso contra niños de la calle. Se estima que hasta el momento escuadrones de vigilantes han asesinado unas 4.500 personas.