Por Redacción CA
Parece que serán muchos los que irán a parar a prisión por el caso de corrupción en la compra de los aviones Súper Tucano.
A esa conclusión se llega luego de las declaraciones del Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, de que el ministerio público tiene pruebas contundentes para demostrar el involucramiento de los imputados en el pago de sobornos para el contrato de compra a Brasil de los ocho aviones Súper Tucano.
Y reveló que el ministerio público no está actuando solo, ya que durante el proceso investigativo ha recibido la colaboración de las autoridades de Estados Unidos y Brasil, lo que ha permitido fortalecer y ampliar las indagatorias.
Destacó que siguen avanzando en las investigaciones y en la estructuración del expediente en contra de los imputados por la compra de los Super Tucano, para lo cual se habrían otorgado sobornos por 3.5 millones de dólares.
Expresó que en este caso no se ha llegado a ningún acuerdo con los imputados ni se ha contemplado el mismo dentro de las acciones programadas.
Dijo que la Procuraduría trabaja para que se castiguen los hechos de corrupción y toda acción que perjudique el bienestar y el desarrollo del país.
Sostuvo que con relación al caso se ha realizado un significativo número de allanamientos a escala nacional, durante los cuales se ha logrado obtener importantes hallazgos para sustentar el expediente de violación a varios artículos del Código Penal Dominicano y la Ley 448 sobre Sobornos en el Comercio y la Inversión y la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos.
Rodríguez dijo que con las diligencias procuran obtener los mejores resultados, mediante pruebas fehacientes que les permitan demostrar los hechos imputados y que haya sanción.
Indicó que según se ha establecido, el soborno entregado por la empresa aeronáutica brasileña Embraer, asciende a unos 3 millones 520 mil dólares, que ingresaron por partidas al país a través de varias empresas.
LOS ACUSADOS
En agosto del pasado año ese caso fue declarado complejo y fueron impuestas diferentes medidas de coerción en contra de los implicados, incluyendo la prisión preventiva en contra del coronel de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), Carlos Piccini.
Mientras que en cuanto al exsecretario de las Fuerzas Armadas, mayor general Pedro Rafael Peña Antonio, y a los empresarios Daniel Aquino Hernández y Daniel Aquino Méndez, se les impuso como coerción presentación periódica e impedimento de salida del país.
Para el próximo 10 abril, el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional conocerá una solicitud de revisión obligatoria de la coerción al coronel Piccini, empero, el ministerio público dice estar preparado para lograr que se mantenga la prisión preventiva.
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