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Las trochas, los caminos ilegales controlados por mafias que usan los venezolanos para huir del país

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Por Javier Taeño

Son más de 2.000 kilómetros de frontera los que comparten Venezuela y Colombia. Un límite largo y poroso que cada día intentan cruzar decenas de miles de venezolanos que acuden al país vecino a aprovisionarse de distintos productos que escasean en Venezuela o que pretenden empezar una nueva vida encontrando un trabajo y obteniendo los recursos necesarios para mantener a su familia. El éxodo de personas ha aumentado considerablemente en los últimos meses debido principalmente a la alta inflación y a la devaluación de la moneda.

A lo largo de esos miles de kilómetros de frontera compartida existen siete pasos controlados por las autoridades de ambos países, pero también hay numerosos puntos alternativos (alrededor de 300) en los que no hay vigilancia. Estos caminos de tierra, popularmente llamados trochas, suelen estar controlados por los trocheros, contrabandistas que se dedican a pasar de un lado a otro combustible, alimentos, productos y también personas.

Actualmente en Venezuela hay mucha gente que se quiere marchar, pero no resulta tan fácil hacerlo de manera legal. Una cantidad importante de la población no tiene pasaporte o lo tiene caducado y el Gobierno de Maduro no quiere que se siga produciendo el éxodo poblacional, por lo que suele rechazar la entrega del pasaporte a aquellos ciudadanos que teme que no vuelvan a Venezuela.

De esta manera, el único recurso que le queda a gran parte de la población que se quiere marchar es recurrir a los trocheros, con los riesgos evidentes que tienen este tipo de viajes. Y es que en ese tipo de caminos proliferan grupos armados irregulares y es frecuente que se produzcan robos. Además, también el Ejército puede intervenir y aquellos que intenten cruzar pueden terminar siendo detenidos.

No hay un precio determinado por las trochas. Hace tres años los venezolanos pagaban 6.000 bolívares, pero la cantidad varía según la demanda, el camino y la hora. Desde que el presidente colombiano Juan Manuel Santos decidió endurecer los controles para evitar una llegada masiva de inmigrantes, estos caminos son mucho más transitados. Las últimas semanas convulsas en Venezuela tampoco han ayudado, por lo que posiblemente el precio se haya multiplicado.

GRUPOS ARMADOS, UN PROBLEMA

Otro problema grave que se está produciendo es que los grupos armados que controlan los senderos se aprovechan de la situación de  vulnerabilidad de los indocumentados y los reclutan como trabajadores ilegales, especialmente a los menores de edad. Desde el momento en el que son enrolados se encargan de transportar combustible a Colombia o de recolectar información de inteligencia, tal y como asegura un representante del Ombudsman Departamental para los Derechos Humanos del país cafetero.

Los conflictos entre estos grupos armados son frecuentes, con todos ellos intentando participar del enorme y rentable pastel, y los damnificados son civiles que en ocasiones se encuentran en mitad de tiroteos o violentas luchas por el control del territorio.

Mientras tanto, la crisis continúa en Venezuela y la población intenta adaptarse a una nueva política económica que lo único que ha dejado de momento ha sido escasez de billetes y la instalación de un nuevo corralito que no augura nada bueno de cara al futuro.

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