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Fiscalía de Ecuador indaga pruebas de sobornos electorales en Gobierno Correa

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La Fiscalía General de Ecuador anunció este lunes que investiga decenas de pruebas sobre posibles sobornos durante etapas electorales en el periodo de Gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017).

La fiscal general del Estado, Diana Salazar, dijo que existen más de 200 evidencias en la investigación sobre los supuestos sobornos recibidos por funcionarios para la financiación de campañas electorales.

La fiscal hizo esa declaración tras asistir a una comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional (Parlamento) para presentar los avances de la investigación denominada “Arroz Verde”, pero que Salazar renombró el caso como “Sobornos 2012-2016”.

Este proceso indaga la presunta participación de varias empresas, entre ellas la firma brasileña Odebrecht, en la supuesta financiación irregular a la campaña política del partido Alianza País (AP), en la época en que estuvo liderado por Correa.

Durante su comparecencia, Salazar remarcó que la indagación demorará según la normativa, pues aseguró que “unos son los tiempos del periodismo, otros los tiempos de la política y otros los tiempos de la justicia”.

Agregó que, si bien, hay “ciertas personas mencionadas en estas investigaciones que no han sido vinculadas”, ello “no significa que no vayan a serlo”.

Salazar entregó a la Comisión legislativa los documentos que se han elaborado alrededor de este caso y dijo que el proceso incluye 48 versiones, 17 autorizaciones judiciales, 5 audiencias y 22 pericias y diligencias, además de 168 requerimientos de información a instituciones.

Salazar acotó que esta indagación está “orientada de manera responsable a cerrar todo el círculo de la corrupción” en este caso.

La investigación denominada “Arroz verde 502” fue publicada en el portal Mil hojas por los periodistas Fernando Villavicencio y Christian Zurita, sobre los presuntos aportes económicos de empresas multinacionales al movimiento oficialista.

Mil hojas aseguró que tuvo acceso a informes de empresas vinculadas, en los que aparentemente se evidenciaban los aportes por 11,6 millones de dólares, de un total de 14,1 millones proyectados, mediante un sistema de códigos que identificaba los movimientos irregulares y la supuesta entrega de recursos “a los más altos representantes de Alianza País”.

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