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Pactos políticos y sociales en la recuperación

 de América Latina pos-COVI-19

Por Max Montilla

montillamax@gmail.com

Se conoce como pacto o contrato social al acuerdo entre los hombres por el cual resuelven para el bien común, renunciar a toda o parte de su libertad, conformando el Estado. 

Es una frase utilizada por los filósofos Thomas Hobbes y Jean-Jacques Rousseau quienes vivieron entre los años 1588 y 1679 y 1712 al 1778 respectivamente, este contrato implicaba ceder todos los derechos individuales al gobernante, para garantizar la paz entre los hombres, que si usaran sus derechos con amplitud perjudicarían a sus semejantes, al ser el hombre malo por naturaleza, o en sus palabras “ser el hombre el lobo del hombre”. Por eso para él el Estado debería ser absolutista, para imponer a los malvados un comportamiento adecuado al bien social.

Y es que desde el inicio de la pandemia, los Gobiernos de América Latina y el Caribe han adoptado diversos tipos de medidas —la mayoría emanadas del Poder Ejecutivo—, como las siguientes: declaraciones de cierre y reapertura condicionada de las fronteras aéreas, terrestres, marítimas y fluviales; emergencia sanitaria o estado de excepción por catástrofe; restricciones a la circulación de las personas y prohibición de circular (cuarentenas preventivas y obligatorias); toques de queda; restricciones del derecho a la libertad de movimiento, del derecho de reunión o aglomeración y del derecho a la educación mediante la suspensión de las actividades educativas, el dictado de clases virtuales y la reapertura progresiva; distanciamiento físico; teletrabajo, y fronteras o cordones sanitarios internos. 

En este proceso, los parlamentos han desempeñado un papel importante, pues se han debido presentar y aprobar proyectos de ley y recursos destinados a implementar estas medidas; por ejemplo, leyes específicas en materia laboral mediante las cuales se flexibilizan temporalmente las relaciones contractuales en el sector privado para garantizar el empleo, se protege a los trabajadores desempleados o subempleados del sector formal e informal, y se regulariza el teletrabajo. 

De igual manera, se ha legislado para otorgar apoyos económicos de carácter excepcional a la población vulnerable, para crear programas alimentarios, y para apoyar a las MiPymes mediante el otorgamiento de alivios fiscales y la adopción de otras medidas destinadas a promover la reactivación económica. 

Los parlamentos desempeñan la función fundamental de fiscalizar la actuación del Poder Ejecutivo mediante reuniones virtuales ( menos en nuestro país) con los ministros destinadas a acompañar las medidas sectoriales, y mediante la creación de comisiones virtuales de emergencia y reactivación, un ejemplo es Guatemala donde se crearon las comisiones presidenciales de protección social, ciudadana, sanitaria y ambiental, así como una comisión de seguridad y justicia para fiscalizar las medidas del Ejecutivo. Otro caso es el de Jamaica, la Cámara de Representantes estableció una Comisión Especial de Salud Pública (COVID-19).

Otras medidas han generado preocupación por el hecho de que ciertos derechos fundamentales, como el de circulación, el de manifestación y reunión, o el de privacidad de las personas, podrían verse restringidos. En algunos casos, ha habido inquietud por el posible rol activo de los militares en el escenario político o por la remilitarización de algunas de las democracias de la región. También ha preocupado la aprobación de leyes que eximen de responsabilidad penal a las fuerzas militares y policiales en caso de que usen sus armas en legítima defensa durante el estado de emergencia declarado para evitar que el coronavirus se propague.

También se ha planteado como preocupación política el surgimiento o el fortalecimiento de las alternativas autoritarias mediante discursos simplificadores de la realidad que instalan la idea de que la culpa de todos los males sociales es de ciertos grupos vulnerables de la población. 

El etnonacionalismo, el racismo y la xenofobia son algunas otras expresiones de este proceso. El riesgo de que se estigmatice a las poblaciones migrantes y de que, posteriormente, se las discrimine va en aumento en varios países de la región. La frágil situación de los migrantes puede transformarse en una crisis humanitaria si no se les permite regresar a sus países de origen. 

Diversos organismos regionales y de las Naciones Unidas han elaborado guías para que los Gobiernos tomen en cuenta la situación de los grupos más vulnerables. Entre esos grupos, se encuentran las mujeres, las niñas y los niños, los jóvenes, las personas mayores, las personas con discapacidad, los afrodescendientes, los pueblos indígenas, las personas LGBTI, las personas privadas de libertad, los migrantes, los refugiados y desplazados y, en menor número, las personas en situación de calle, las que se encuentran en situación de pobreza o las que viven en asentamientos informales. 

Sin embargo, se ha mencionado poco o casi nada sobre la situación de las trabajadoras y los trabajadores sexuales, las personas que viven con el VIH/sida, las personas con albinismo y otras minorías.

Otro aspecto que se debe considerar, en estos nuevos pactos políticos y sociales es la lucha contra la corrupción en el marco de la respuesta gubernamental a la crisis del COVID-19. De acuerdo con Transparency International (2020), durante una crisis como esta, existe un alto riesgo de que las decisiones públicas sean capturadas o distorsionadas por intereses privados creados para su propio beneficio, utilizando una gama de métodos que pueden incluir el soborno, los grupos de presión no transparentados y las donaciones políticas opacas, así como de que se aprovechen las situaciones en las que hay conflictos de intereses entre los sectores público y privado. 

Asimismo, destaca que “el sistema financiero mundial en su conjunto sigue siendo profundamente vulnerable a las operaciones de las redes corruptas, con importantes lagunas en la eficacia de la lucha contra el lavado de dinero en los países desarrollados y en los principales centros financieros. En este contexto es clave que los países puedan identificar patrones y alertas rojas y evitar que el dinero sucio entre o salga de sus países”. 

Enfrentar la corrupción es uno de los desafíos prioritarios en América Latina y el Caribe, ya que esta actúa como una fuerza contraria al nuevo modelo de desarrollo que se necesita para superar la crisis del COVID-19. 

La corrupción regional corroe la confianza social porque pone en duda la legitimidad de las autoridades y sus decisiones, y aumenta la distancia entre la ciudadanía y las instituciones públicas. 

Durante los últimos años, los latinoamericanos y caribeños han exigido más transparencia e integridad a sus Gobiernos y al conjunto de las entidades públicas y privadas, como parte de solicitudes más amplias de que se mejore la calidad de los servicios esenciales; por ejemplo, el transporte público, la educación y la salud. 

Sin embargo, Para construir Estados más fuertes y creíbles, es necesario fortalecer el estado de derecho, impulsar un sistema transversal de integridad, promover la rendición de cuentas y reforzar los sistemas regulatorios, a fin de que estos sean capaces de promover la competencia justa y limitar las prácticas perjudiciales que reducen la calidad de los bienes suministrados a los ciudadanos. 

Nos leemos en otro artículo, hasta la próxima. 

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