A solicitud del Ministerio Público, un tribunal de instrucción ratificó este jueves la prisión preventiva al procesado Santiago Marcelo F. Hazim Albainy y a otros coimputados de la red criminal que desfalcó con miles de millones de pesos al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) en un entramado de corrupción administrativa enfrentado con la Operación Cobra.
La decisión del tribunal ratifica la medida privativa de libertad además a los coimputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Minaya y a Ramón Alan Speakler.
El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional varió, atendiendo a una condición médica presentada por la defensa, la medida de coerción contra Rafael Martínez Hazim, quien pasará a cumplir arresto domiciliario con el uso de un dispositivo electrónico. Además, le impuso la obligación de presentar una garantía económica de 15 millones de pesos, a través de una aseguradora, e impedimento de salida del país.
Durante la audiencia, el equipo litigante estuvo encabezado por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, quien estuvo acompañado por los fiscales Yudelka Holguín y Alexis Piña.
Al solicitar al juez de la Instrucción que rechazara el pedimento de variar la medida de coerción establecida, Camacho manifestó que “no hay un solo elemento que haga variar la medida de coerción”.
El juez Deiby Timoteo Peguero fijó para el próximo 26 de noviembre la lectura íntegra de su decisión.
En las motivaciones de la decisión, el juez citó los criterios jurídicos tomados en cuenta por el tribunal que impuso la medida de coerción, atendiendo a la gravedad de los hechos cometidos contra una entidad dedicada a facilitar los servicios de salud a amplios sectores de la población. Recordó, además, el peligro de fuga de los procesados y el daño a resarcir al Estado y a la sociedad.
Recordó la decisión del Tribunal Constitucional que manda a realizar un test de ponderación al momento de revisar la medida de coerción. En ese sentido, hizo referencia a Santiago Hazim, Gustavo Messina y Germán Robles en torno a quienes persisten las razones que dieron origen a la medida de coerción.
La defensa de los imputados Alan Speaker y Rafael Martínez solicitó al juez Timoteo Peguero desglosar la audiencia de revisión obligatoria de la medida, dado que sus defendidos están a la espera de la celebración de una audiencia de apelación en la Primera Sala de la Corte de Apelaciones, el próximo martes 10 de noviembre del año 2026.
En ese sentido, el procurador adjunto Wilson Camacho, manifestó que el conocimiento de la revisión obligatoria no impide el conocimiento de la apelación.
Luego de analizar los planteamientos, el juez declaró inadmisible el recurso presentado por la defensa, como solicitó el Ministerio Público, y ordenó iniciar la revisión obligatoria de la medida de coerción a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector de esa ARS, así como a los coimputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo.
La medida de coerción había sido ratificada el pasado mes de agosto.
Por este caso también es imputada Ada Ledesma Ubiera, quien cumple arresto domiciliario.
