Es incuestionable la riqueza en materia legal de la que goza la República Dominicana, la actualización y modernismo de su Constitución, leyes, códigos y reglamentos frente a otros países, sin embargo, no posee la institucionalidad ni el régimen de consecuencia para aplicar muchas de ellas.
La doble moral de las instituciones las han llevado a denunciar el gran flujo de extranjeros que están llegando al país por diferentes vías, de diversos países, pero ni los empresarios, ni el Estado denuncia el beneficio que obtiene por esa migración.
Esta problemática es más observable en empresas agroalimentarias, que utilizan mano de obra haitiana para realizar el trabajo de campo, sin ningún tipo de contrato, sin pago a la Tesorería de la Seguridad Social y sin seguro médico para sus empleados.
De igual manera, el sector construcción utiliza mano de obra extranjera, en su mayoría haitiana, violando la Ley 16-92 en su artículo 135 sobre nacionalización del trabajo, donde se establece que “El ochenta por ciento, por lo menos, del número total de trabajadores de una empresa debe estar integrado por dominicanos”.
Con los pagos irregulares y fuera de contrato también se viola el artículo número 201 donde se disponen los descuentos legales a los salarios.
MetroRD conversó con una abogada experta en temas laborales y ella explica que muchas compañías agrícolas y constructoras violan algunas disposiciones del Código de Trabajo valiéndose de que el ministerio responsable no tiene los recursos ni el personal para regular la actividad laboral a nivel nacional.
“La mayoría de violaciones a la Ley 16-92 son consideradas como delitos menores, que en la mayoria de los casos los tribunales resuelven con un acuerdo entre las partes”, señala la abogada que solicitó mantenerse en el anonimato.






































