Un amplio despliegue policial se registra este viernes en los alrededores de la Procuraduría General de la República, luego de que médicos detenidos fueran trasladados al lugar para continuar las investigaciones con relación al caso Senasa 2.0.
Desde la madrugada de hoy la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA, realizó varios allanamientos en distintos puntos del país.
Estas intervenciones se enmarcan en las investigaciones que lleva a cabo la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) sobre una presunta red de fraude en perjuicio del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Las autoridades indagan sobre presuntas irregularidades en la facturación de servicios médicos, emisión de recetas, reclamaciones de procedimientos inexistentes y falsificación de firmas para la sustracción de fondos públicos.
Sobre el caso Cobra
Actualmente, el caso se encuentra en una etapa preliminar de investigación y recolección de evidencias mediante operativos de entrada y registro. Con los interrogatorios en marcha en la sede principal del órgano persecutor, se prevé que en las próximas horas el Ministerio Público formalice el depósito de las solicitudes de medidas de coerción contra los profesionales y contratistas implicados.
Expediente y procesados
Entre los principales señalados por el Ministerio Público se encuentran el exdirector del Seguro Nacional de Salud, Santiago Hazim, junto a los exfuncionarios y contratistas Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones y Francisco Iván Minaya Pérez, además de otros colaboradores del organismo estatal.
A la lista de imputados se suman Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo. Estos últimos reconocieron ante la justicia haber ejecutado el pago de dádivas e ilícitos a la cúpula directiva de la ARS, un acuerdo de colaboración que les permitió acceder a la medida de coerción de arresto domiciliario.
Las indagatorias del órgano persecutor establecen que esta red ejecutó un desfalco al erario que inicialmente se estimó en 15,000 millones de pesos, pero que análisis financieros recientes elevan por encima de los 19,000 millones. De acuerdo con el expediente, la estructura fraudulenta operó de manera continua entre los años 2020 y 2025 en perjuicio del sistema público de salud.
Tipificación delictiva
La acusación formal contempla los delitos de asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, estafa agravada contra el Estado, cohecho, lavado de activos y falsificación de documentación pública y privada.
Desde la Procuraduría reiteraron que las pesquisas siguen abiertas, por lo que no se descarta la inclusión de nuevos profesionales, empresarios y entidades jurídicas en el expediente a medida que avancen los operativos.
