Por Servicios CA
Barcelona.-En una de las jornadas más trascendentes de la historia española reciente, el Parlamento regional catalán votó por declarar unilateralmente la independencia este viernes, a lo que el Gobierno central replicó de inmediato, asumiendo poderes constitucionales especiales para impedir la secesión.
El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, disolvió el Gobierno y el Parlamento catalanes, y convocó a elecciones regionales para el 21 de diciembre, tras la declaración de independencia en Cataluña.
La medida es parte de las acciones de emergencia aprobadas por el Senado ante el anuncio de autodeterminación catalana.
Es posible que la destitución de los líderes encuentre una feroz oposición en Cataluña, donde miles celebraron este viernes la declaración de independencia.
Rajoy dijo que decidió “convocar cuanto antes esas elecciones libres, limpias y legales que puedan restaurar la democracia en la comunidad autónoma”.
Los nuevos poderes también le permitirían al Gobierno tomar el control de la policía y los órganos de prensa estatales.
“Hoy el Parlamento de Cataluña ha aprobado algo que en la opinión de una gran mayoría de personas no sólo va contra la ley sino que es un acto delictivo”, declaró Rajoy.
La decisión del Senado, de autorizar al Gobierno a asumir el control de Cataluña, anula el voto independentista del Parlamento regional, que en todo caso era un acto simbólico, porque es casi seguro que el Tribunal Constitucional lo rechazará.
Sin embargo, la lucha en torno al futuro de Cataluña dista de estar resuelta.
Puigdemont llama a luchar
Carles Puigdemont, que fue cesado este viernes por el Ejecutivo central español como presidente del gobierno catalán, realizó una comparecencia hoy sábado en la que no se dio por destituido e instó a las fuerzas independentistas de Cataluña a luchar por la vía democrática contra las medidas de intervención en la región.
Puigdemont se cuidó de afirmar que no reconoce el cese en su cargo decretado por el Gobierno español, pero firmó su declaración como «president de la Generalitat de Catalunya» -según el texto difundido por el gobierno regional- y dijo que seguirá esforzándose por llevar adelante el supuesto «mandato» recibido en las urnas para convertir la región en un país independiente.
«Son decisiones (en referencia a las medidas de intervención aprobadas por Madrid) contrarias a la voluntad expresada por los ciudadanos de nuestro país en las urnas», dijo. «En una sociedad democrática son los parlamentos quienes eligen o cesan a los presidentes», añadió.
«Tenemos muy claro que la mejor forma para defender las conquistas alcanzadas hasta ahora es la oposición democrática a la aplicación del 155», dijo Puigdemont en referencia al artículo de la Constitución que permite al Gobierno de Mariano Rajoy aprobar medidas extraordinarias en Cataluña.
El Gobierno español reaccionó a la intervención de Puigdemont señalando que «no valora declaraciones de particulares», según una fuente de Moncloa, que añadió que «la calificación de las conductas de Puigdemont corresponde al ámbito judicial».
Xavier García Albiol, líder del PP catalán, dijo en Twitter que Puigdemont había hablado «creyéndose aún president haciendo una comparecencia en @tv3cat, presentándole como President. Presentamos recurso en Junta Electoral».
Puigdemont podría exponerse a incurrir en el delito de usurpación de funciones públicas incluido en el Código Penal, que indica que «el que ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años».
La comparecencia de Puigdemont supone un nuevo desafío al Gobierno español, que el viernes aprobó el cese fulminante del Govern y disolvió el Parlament para convocar elecciones autonómicas el 21 de diciembre, como parte de las primeras medidas para hacer frente a la declaración unilateral de independencia en la región, tras recibir el visto bueno del Senado a la aplicación del 155.






































