Por Redacción CA
Los empleados públicos tendrán que esperar por lo menos un año más para recibir un aumento salarial.
Así se establece al desglosar el anteproyecto de Ley de Presupuesto Nacional para el año 2019, que no contempla recursos para reajustes de salarios en el Gobierno Central.
El director de Presupuesto, Luis Reyes, dijo que en la presente administración no se han realizado aumentos de sueldos en forma generalizada, sino que han sido focalizados en algunos sectores como los maestros, médicos, militares y policías.
Al respecto dijo que a la llegada de la presente administración al Gobierno en el año 2012, el gasto en nómina era equivalente al 3.5% del producto interno bruto (PIB). Hoy día, ese porcentaje es de un 5.3% del PIB.
Explicó que si a ese porcentaje del presupuesto que se paga en nómina, se le descuenta el aumento realizado a los sectores antes citados, “estaríamos pagando el mismo porcentaje del PIB que en el año 2012”.
Reyes dijo que el proyecto para el año 2019, por 921 mil 810 millones de pesos, tiene tres pilares básicos, uno de los cuales es el manejo responsable de las cuentas fiscales, con una mayor eficiencia. Observó ahí que a eso se debe que el Gobierno no se enfrascara en la discusión de un pacto fiscal sin antes lograr una mejora de las recaudaciones.
Dijo que para ese objetivo este año se agregaron dos mil millones de pesos para el presupuesto de la Dirección General de Impuestos Internos y otros 800 millones de la Dirección General de Aduanas.
Uno de los objetivos de esa inversión es realizar una trazabilidad de las operaciones relacionadas con los combustibles, los cigarrillos y el alcohol.
Lo otro, es la implementación desde enero venidero de las facturas electrónicas a través de un plan piloto que se generalizará a partir de julio.
El proyecto busca que inmediatamente en un establecimiento se genere una factura, la misma sea captada por la DGII.
Otro de los pilares es el fortalecimiento de las cuentas con el objetivo de disminuir el déficit fiscal, que en 2019 tiene una meta muy ambiciosa, que se pretende bajarlo de un 2.2% como porcentaje del PIB a un 1.7%, pese al impacto del precio del petróleo en el presupuesto.
