No son todos los que están ni están todos los que son.
Y es que los movimientos que están haciendo las nuevas autoriudades del ministerio público dejan claro que en las próximas horas continuará el desfile de exfuncionarios y funcionarios por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa(Pepca), entidad que fue apoderada este martes de tres expedientes sobre presuntas irregularidades que implican al Plan de Asistencia Social de la Presidencia y el Instituto de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI).
El impulso de este paso es de la Dirección General de Contrataciones Públicas, que hizo el apoderamiento del caso a la Pepca a través de su titular, Carlos Pimentel.
Conforme al pliego de hechos sometidos ante el ente de la investigación, en torno a lo ocurrido existe, como única explicación, “vínculos o acuerdos entre funcionarios públicos y proveedores del Estado”.
Según detalles sobre estos casos, estas alegadas irregularidades habían ocurrido el año pasado, estableciéndole que para ejecutar los procesos de compra y contrataciones se “otorgaban adjudicaciones millonarias a compañías que fungían como intermediarias”.
En la Pepca hay tres expedientes relacionados con el Inaipi, uno del que estaba apoderado la Fiscalía del Distrito Nacional y dos depositados ayer por el director de Contrataciones Públicas.
El primer expediente que vincula a exfuncionarios de Inaipi está relacionado a una denuncia presentada por el empresario Pablo Cabrera, presidente de la empresa La Z, distribuidora de alimentos y proveedora del Estado, sobre el proceso de licitación para la compra de 40,000 kits de alimentos, que a su juicio estuvo plagado de irregularidades.
De los dos expedientes que depositó Contrataciones Públicas, uno está relacionado con la compra de equipos tecnológicos y el segundo con la contratación de leche del desayuno escolar.
