El procurador adjunto Wilson Camacho explicó este viernes que Jochi Gómez, Hugo Beras y compartes podrían recibir una pena de hasta 20 años de prisión tras darse a conocer la decisión del Tribunal de un auto de apertura a juicio para este grupo encartados en el expediente por defraudar al Estado dominicano.
“La calificación jurídica que retiene el tribunal, incluye el lavado de activos, lo que significa que en este caso puede haber penas que lleguen, incluso, a los 20 años de reclusión”, subrayó.
No obstante, el MP mantendría la tesis de que los hechos investigados podrían encuadrarse dentro de la figura de financiamiento del terrorismo, además de los delitos de lavado de activos.
De acuerdo con las disposiciones de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, las infracciones relacionadas con el lavado de activos contemplan penas que oscilan entre cuatro y diez años de prisión, mientras que los delitos vinculados al terrorismo y su financiamiento conllevan sanciones considerablemente más severas, que pueden alcanzar entre 20 y 40 años de reclusión.
En ese orden, la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, fue la encargada de dictar el auto de apertura a juicio acogiendo la solicitud del MP y rechazó la solicitud de nulidad del expediente presentada por la defensa de Hugo Beras y mandó a juicio, además, a Pedro Vinicio Padovani Báez y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exencargado del Centro de Control de Tráfico y exdirector de Tecnología del Intrant, respectivamente.
Dentro de la decisión, se suman Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant, y Carlos José Peguero Vargas.
Asimismo, fueron enviados a juicio Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso. También, las personas jurídicas Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.
Según detalló el MP, que esta organización criminal estaba conformada por funcionarios públicos, ex servidores estatales y particulares con antecedentes de haber participado en maniobras fraudulentas, quienes, aprovechando su posición o sus conexiones políticas y empresariales, vulneraron los principios de transparencia, libre competencia y legalidad que rigen la contratación pública.
