¿Por qué se va la luz si tenemos electricidad de sobra?

Por Max Montilla

La República Dominicana ha multiplicado su capacidad de generación, pero los apagones persisten. El problema ya no está solamente en producir energía: está en las pérdidas, las redes, la distribución y la gestión del sistema.

La República Dominicana enfrenta una paradoja que resulta cada vez más difícil de justificar: tenemos más capacidad de generación, más inversión energética y una creciente incorporación de fuentes renovables, pero los apagones continúan formando parte de la vida cotidiana. La pregunta, entonces, ya no puede ser simplemente por qué no producimos suficiente electricidad. La pregunta correcta es otra: ¿por qué una electricidad que se genera no siempre llega de manera confiable al hogar, al comercio y a la industria? La energía eléctrica no es un lujo ni un servicio secundario. Es una infraestructura esencial para producir, estudiar, trabajar, emprender y mejorar la calidad de vida. Por eso, garantizar un servicio confiable debe formar parte de cualquier proyecto serio de desarrollo nacional.

Los datos oficiales muestran que el problema es real. En mayo de 2026, los clientes de EDENORTE experimentaron en promedio 15.15 interrupciones durante el mes, los de EDESUR 17.37 y los de EDEESTE 9.20. En duración, EDESUR registró 13.76 horas de interrupción por cliente, EDENORTE 7.85 y EDEESTE 10.73. Detrás de esas cifras hay una realidad que merece mayor atención: los apagones no afectan a todos de la misma manera. Quien tiene recursos puede comprar una planta, instalar baterías o colocar paneles solares. Una familia de ingresos modestos no siempre tiene esa posibilidad. Por eso, la calidad del servicio eléctrico también es una cuestión de igualdad de oportunidades.

El problema se vuelve todavía más serio cuando observamos las pérdidas de las empresas distribuidoras. El Ministerio de Hacienda estimó que en 2024 las pérdidas energéticas alcanzaron 37.6 %, equivalentes a aproximadamente US$1,159 millones. Para marzo de 2026, las pérdidas totales de las EDE llegaron a 39.4 % de la energía adquirida. Estas cifras no pueden normalizarse. Las pérdidas técnicas producto de redes deterioradas deben reducirse mediante inversión y modernización; y el fraude eléctrico debe enfrentarse con firmeza, porque quien roba electricidad no solamente perjudica a la empresa: también perjudica al ciudadano que paga su factura y termina soportando parte del costo del sistema.

Aquí aparece una de las mayores contradicciones del modelo dominicano. El Estado termina utilizando recursos públicos para cubrir las consecuencias de las ineficiencias del sistema. El Presupuesto General del Estado de 2026 contempla transferencias por RD$85,150 millones para el sector eléctrico. Ese esfuerzo fiscal puede ser necesario para proteger a los hogares y evitar que una corrección abrupta provoque un impacto social mayor. Pero el subsidio debe servir como puente hacia una solución, no convertirse en el destino final de la política energética. Un Estado responsable debe proteger a las familias, especialmente a las más vulnerables, pero también debe exigir resultados, transparencia y eficiencia a quienes administran los recursos públicos.

Tampoco sería correcto atribuir todos los apagones a una supuesta falta de plantas generadoras. Una red eléctrica moderna debe funcionar como un sistema integrado: generación, transmisión, distribución, medición y control tienen que avanzar juntos. Una falla puede ocurrir en cualquier sistema; lo que distingue a una red robusta es su capacidad para aislarla y evitar que se convierta en una interrupción de gran escala. República Dominicana necesita, por tanto, invertir no solamente en producir más electricidad, sino en construir una infraestructura capaz de transportar y distribuir esa energía con seguridad y continuidad. El ciudadano no compra megavatios instalados: compra el derecho práctico a recibir electricidad cuando la necesita.

La buena noticia es que ya existen inversiones encaminadas a corregir parte de estas deficiencias. El Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED) ha impulsado intervenciones en subestaciones, redes, sistemas de medición y otras áreas de distribución. Para 2026 se plantearon inversiones superiores a US$600 millones. Pero cada peso invertido debe traducirse en resultados concretos. No basta con contar subestaciones intervenidas, kilómetros de redes construidos o equipos instalados. Hay que saber cuánto disminuyeron las pérdidas, cuánto mejoró la continuidad del servicio y cuánto se redujo el tiempo que permanece sin electricidad una comunidad. La verdadera medida de una política pública no es cuánto se anuncia, sino cuánto cambia la vida de la gente.

La transformación energética también obliga a pensar diferente. La expansión de la energía solar es una excelente noticia para el país, pero una matriz eléctrica con mayor participación renovable necesita almacenamiento, sistemas inteligentes de control, redes más flexibles y planificación de largo plazo. República Dominicana no puede aspirar a ser un centro logístico, turístico, industrial y tecnológico del Caribe mientras mantiene una infraestructura eléctrica incapaz de garantizar continuidad. Pero tampoco sería justo que la modernización energética terminara creando dos Repúblicas Dominicanas: una con electricidad permanente porque puede pagar soluciones privadas y otra obligada a soportar apagones. El desarrollo debe ampliar las oportunidades, no convertir un servicio esencial en un privilegio determinado por el nivel de ingreso.

El debate eléctrico dominicano, por tanto, debe cambiar de nivel. La solución no consiste simplemente en construir más plantas cada vez que aparecen apagones. Hay que reducir radicalmente las pérdidas, combatir el fraude, modernizar las redes, fortalecer la transmisión, ampliar la medición inteligente, incorporar almacenamiento y profesionalizar la gestión de las EDE. Al mismo tiempo, el Estado debe garantizar protección a los sectores que no pueden absorber solos los costos de la transición. Eso exige combinar eficiencia económica, responsabilidad fiscal, inversión privada, regulación pública, justicia social y acceso universal. No se trata de escoger entre Estado y mercado, sino de hacer que ambos cumplan correctamente su función. El sector privado puede invertir y generar; el Estado debe regular, planificar y garantizar que el interés general no quede relegado. En pleno siglo XXI, República Dominicana no debería preguntarse cuándo regresará la luz. Debería estar construyendo las condiciones para que nadie tenga que preguntárselo.

Nos leemos en otro articulo, Dios mediante.