La Cámara de Cuentas (CCRD) identificó deficiencias en procesos de rehabilitación de planteles escolares ejecutados durante la gestión de Roberto Fulcar al frente del Ministerio de Educación, entre ellas retrasos en obras, expedientes incompletos, falta de documentación de supervisión y garantías por debajo de lo establecido legalmente.
Los hallazgos forman parte del informe de investigación especial practicado a los procesos de contratación, ejecución de pagos, adquisición de bienes y servicios, compras, inventarios y nóminas del Ministerio de Educación, correspondiente al período comprendido entre el 17 de agosto de 2020 y el 3 de agosto de 2022.
Uno de los principales señalamientos corresponde al proceso de urgencia MINERD-MAE-PEUR-2020-0005, diseñado para la rehabilitación de 570 centros educativos a nivel nacional.
De acuerdo con los auditores, el proceso estuvo dividido en 153 lotes distribuidos mediante 88 contratos de obras, de los cuales 111 incumplieron las cláusulas relacionadas con los tiempos de ejecución y vigencia contractual.
La Cámara de Cuentas sostuvo que, debido al estado en que se encontraban los proyectos, no fue posible realizar una evaluación técnica completa que permitiera determinar la eficacia, eficiencia y razonabilidad de los recursos pagados y comprometidos.
El propio informe recoge que, al momento de la auditoría, todavía existían centros educativos con trabajos iniciados, no terminados o modificados respecto de las condiciones originalmente contratadas.
Obras arrastraron retrasos y modificaciones
Para determinar las causas de los atrasos, los auditores entrevistaron a una muestra de 23 contratistas. Entre las situaciones identificadas figuran la necesidad de establecer acuerdos de equilibrio económico por el incremento en los costos, modificaciones de partidas y centros educativos que no estaban contemplados originalmente, ausencia de primeras cubicaciones y cambios en trabajos que alteraron la estructura inicialmente planificada.
La Dirección General de Mantenimiento e Infraestructura Escolar informó que entre finales de 2020 y mediados de 2021 se produjeron importantes aumentos en los precios de los materiales de construcción y en los costos de la mano de obra.
Según la explicación recogida por los auditores, algunas partidas llegaron a experimentar incrementos aproximados de hasta un 52 % frente a los presupuestos originales, situación que provocó que algunos contratistas no pudieran iniciar o continuar los trabajos.
También se reportaron modificaciones en las necesidades de distintos centros educativos que obligaron a incorporar partidas adicionales que no estaban contempladas en los presupuestos iniciales.
Sin embargo, la Cámara de Cuentas indicó que no encontró evidencia suficiente de solicitudes formales y motivadas para el restablecimiento del equilibrio económico-financiero de los contratos, ni documentación actualizada que sustentara plenamente la ejecución física y financiera de las obras.
Expedientes de cinco obras estaban incompletos
Otro de los hallazgos estuvo relacionado con la documentación de cinco obras de rehabilitación de planteles escolares. Según la Cámara de Cuentas, los expedientes revisados no contenían todos los documentos técnicos y administrativos necesarios para sustentar adecuadamente la ejecución y supervisión de los trabajos.
Las obras correspondían a contratos adjudicados a Constructora René Díaz, Concretum SRL, Grupo Génova SRL, Nuespi Ingeniería y Antonio Evangelista de la Cruz. Entre los documentos faltantes señalados por los auditores se encontraban informes de supervisión, bitácoras de obra y análisis de costos o precios unitarios.
En el caso de Grupo Génova y Nuespi Ingeniería, por ejemplo, los expedientes carecían, según el informe, de análisis de costos o precios unitarios, informes de supervisión y bitácoras. La Cámara de Cuentas sostuvo que estas documentaciones son necesarias para dar seguimiento al desarrollo de las obras y permitir una correcta fiscalización de los recursos públicos.
Fulcar respondió que entregó documentos
En su respuesta al informe, de fecha 3 de julio de 2026, el exministro Roberto Fulcar aseguró que los informes de supervisión y los análisis de costos unitarios señalados por los auditores fueron aportados posteriormente como parte de la documentación remitida a la Cámara de Cuentas.
En relación con las bitácoras de obra, Fulcar sostuvo que un técnico del Ministerio de Educación certificó que, por la naturaleza y características de los trabajos ejecutados, estas no habían sido requeridas. “Por tanto, no puede considerarse su ausencia como una omisión atribuible a nuestra gestión”, sostuvo en su respuesta.
Sin embargo, luego de revisar la réplica y la documentación aportada, los auditores determinaron que todavía faltaba parte de los documentos requeridos y decidieron mantener el hallazgo.
Garantías de obras quedaron por debajo de lo requerido
El informe también señala irregularidades en dos pólizas de vicios ocultos correspondientes a obras de rehabilitación de centros educativos en San Pedro de Macorís.
Los contratos correspondían a Concretum SRL y Grupo Génova SRL, con un monto total adjudicado de RD$46.7 millones.
La Cámara de Cuentas determinó que las garantías presentadas ascendían en conjunto a RD$2.3 millones, equivalentes aproximadamente al 5 % del valor de las obras, cuando, según el artículo 2 de la Ley 5560 citado por los auditores, debían cubrir el 10 %.
Esto produjo, conforme al informe, un monto no asegurado de RD$2,338,517.
En el caso de Concretum SRL, la obra alcanzaba un valor adjudicado de RD$26.5 millones y la garantía entregada fue de RD$1.3 millones, cuando debía ascender a RD$2.6 millones.
Para Grupo Génova SRL, el monto adjudicado fue de RD$20.1 millones, mientras que la póliza entregada ascendió a RD$1 millón, frente a los RD$2 millones que, según la Cámara de Cuentas, correspondían legalmente.
Fulcar respondió que las pólizas fueron emitidas de acuerdo con las condiciones contractuales, técnicas y administrativas aplicables y que fueron aceptadas sin objeciones al momento de formalizarse.
Los auditores rechazaron el argumento y mantuvieron el señalamiento, al concluir que las garantías equivalían al 5 % y no al 10 % exigido por la normativa citada en el informe.
Cámara de Cuentas señala incumplimientos
Tras analizar las respuestas de la exadministración, la Cámara de Cuentas mantuvo varios de sus hallazgos y concluyó que en los procesos examinados se produjeron incumplimientos de disposiciones legales relacionadas con contratación pública, supervisión de obras y garantías de construcción.
En el caso del proceso de urgencia para rehabilitar los 570 planteles, los auditores reconocieron que la pandemia de covid-19 y el incremento de los precios de materiales pudieron afectar la ejecución de las obras.
No obstante, señalaron que la administración debía documentar y aplicar adecuadamente los mecanismos previstos para manejar esas variaciones y garantizar el cumplimiento de los contratos.
La Cámara de Cuentas recomendó al Ministerio de Educación fortalecer los controles sobre la Dirección de Mantenimiento e Infraestructura Escolar y la Dirección Jurídica, completar la documentación de los expedientes y regularizar los trabajos que permanecieran inconclusos o modificados.
Asimismo, el informe establece que los funcionarios y servidores públicos vinculados a los incumplimientos señalados podrían comprometer responsabilidad administrativa por acción u omisión, conforme a la Ley 10-04.
