El Ministerio Público imputa a Delvinson De la Cruz Sosa los delitos de terrorismo y amenazas contra el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader.
Este martes se conocerá la solicitud de medida de coerción en su contra ante un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Francisco de Macorís, luego de que el pasado jueves fuera aplazada para esta fecha.
Al imputado, tras ser apresado, le ocuparon armas de fuego, pertrechos militares, artefactos explosivos y equipos electrónicos, entre ellos celulares, tabletas y computadoras, que, según la investigación del Ministerio Público, podrían guardar relación con los hechos investigados.
El Ministerio Público le atribuye delitos relacionados con terrorismo y amenazas. De acuerdo con las disposiciones legales invocadas por el órgano acusador, estos hechos podrían conllevar penas de hasta 40 años de prisión.
De la Cruz Sosa, de 29 años, fue arrestado el pasado lunes mediante una orden judicial emitida por la jueza Josefina Noemí Díaz Marte, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esa jurisdicción. La orden fue solicitada por el Ministerio Público luego de recibir una denuncia en su contra por presuntas amenazas contra el presidente Luis Abinader, lo que dio lugar al inicio de una investigación.
Los fiscales Benedicto Arquímedes Reynoso Sánchez, Pedro Williams Concepción y Elington Santiago Villar apresaron al imputado tras ejecutar la orden judicial, que también autorizaba un allanamiento en su residencia.
Durante las diligencias investigativas, el Ministerio Público contó con el apoyo de la División de Investigaciones de Delitos Informáticos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
La investigación incluyó el allanamiento de la Ferretería Molina, ubicada en la avenida Profesor Juan Bosch, donde labora De la Cruz Sosa.
La solicitud de allanamiento explica que los fiscales se enfocan en identificar y ocupar equipos electrónicos, como celulares, tabletas y computadoras, así como armas de fuego, pertrechos militares, artefactos explosivos y cualquier otra evidencia que guarde relación con los hechos investigados.
Durante los operativos de allanamiento fueron ocupados dispositivos electrónicos y sustancias químicas, que son evaluados como posibles pruebas relacionadas con la presunta intención de materializar las amenazas.
Al autorizar los allanamientos, la jueza señala que estos proceden en atención a una investigación sobre la planificación de un presunto atentado terrorista contra el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona.
Según la solicitud del Ministerio Público, el supuesto atentado estaba previsto para el 6 de noviembre de 2026, en la sede del Congreso Nacional, durante la conmemoración del Día de la Constitución.
