Por Max Montilla
El gasto público se ha convertido en una herramienta importante para el desarrollo de los países de Latinoamérica, pues con el mismo se pueden medir los niveles de consumo, inversión, empleo, etc. Así, el gasto público es considerado la devolución a la sociedad de algunos recursos económicos que el gobierno captó vía ingresos públicos, por medio de su sistema tributario principalmente. Pero ¿Qué es el gasto público y como nos afecta a todos?
En términos llano, el gasto público es la cantidad de recursos financieros, materiales y humanos que el sector público, representado por el Gobierno, emplea para el cumplimiento de sus funciones, entre las que se encuentran de manera primordial la de satisfacer los servicios públicos de la sociedad.
El gasto público general consolidado es del 29,7% del PIB en América Latina y el Caribe, en comparación con el 43,5% en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Sin embargo, el gasto es desigual en la región: los países que más gastan son Argentina, Brasil, Ecuador, Trinidad y Tobago y Uruguay (más del 35% del PIB); los países que gastan menos son República Dominicana y Guatemala (menosdel 20% del PIB); en el resto el gasto es intermedio (entre el 20% y el 35%).
En el gasto público se analiza la eficiencia técnica de tres componentes claves de los costos de producción del gobierno: el gasto en adquisiciones, que es el costo de los bienes y servicios, incluido el gasto de capital; los costos de los salarios de los funcionarios públicos, y parte del costo de los subsidios y transferencias, sujetos a filtraciones que favorecen a personas que no son pobres. Este análisis de eficiencia técnica supone una asignación razonable del gasto por función y, por lo tanto, proporciona estimaciones del malgasto directo de los recursos que reflejan un sobrecosto o un uso excesivo de los recursos para un determinado resultado.
Sin embargo, en América Latina, los gastos tal y como hemos visto mas arriba, difieren a la OCDE, En primer lugar, los salarios de los empleados públicos representan el 29% del gasto en la región, más que el 24,2% de la OCDE. En segundo lugar, las adquisiciones totales constituyen el 29,8% del gasto en América Latina y el Caribe, en comparacióncon el 32,5% en la OCDE.
El porcentaje de transferencias, incluyendo subsidios, ayudas y pensiones, es mayor en la OCDE (32,8%) que en América Latina y el Caribe (29,4%). Este gasto en transferencias, junto con un menor gasto en bienes de capital, señala la existencia de una población más envejecida que en América Latina y el Caribe.
Cuando la corrupción importa en el gasto público
Para el 2016, las compras en nuestra región fueron de US$450 millones en compras públicas, para este año República Dominicana tiene 158,451,053.20, lo que equivale a una tasa actual del dólar de 50×1 son 3,169,021 millones de dólares, solo de compras públicas de acuerdo al portal https://minpre.gob.do/
Sin embargo, ¿son eficientes y efectivas las compras públicas? ¿Los precios pagados son competitivos con el sector privado, y son similares en diferentes oficinas públicas y a lo largo del país? ¿Los bienes y servicios producidos cumplen las normas de alta calidad?
Cada una de estas adquisiciones constituyen un imán para las ineficiencias en la gestión y para la corrupción. El gran volumen de transacciones, junto con la estrecha y compleja interacción entre los sectores público y privado, hace que las compras públicas queden expuestas a diversos riesgos de malgasto, mala gestión y corrupción.
Cabe destacar que, el Departamento de Justicia de Estados Unidos descubrió sobornos de la empresa de construcción brasileña Odebrecht a funcionarios en América Latina. La empresa reconoció haber pagado US$737 millones en sobornos entre 2011 y 2016 para asegurar contratos por un valor de US$2.800 millones repartidos en unos 100 proyectos en 10 países diferentes. Sin embargo, solo en nuestro país, hay 17 contrataciones en 16 años, partiendo desde el 2000 hasta la fecha.




































