Por Redacción CA
Tras la llegada al país de la lista con los nombres de los funcionarios, ex funcionarios y empresarios dominicanos que recibieron sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht, al procurador de la República se le hará difícil calmar a los grupos populares que reclaman castigo para los culpables.
Cada día son más fuertes las presiones para que el ministerio ofrezca los nombres de los sobornados y los envíe a la cárcel, cosa que el procurador al parecer no planea hacer por el momento, a pesar de que lo había prometido para este viernes 19.
Esta semana ha sido tensa, porque grupos sociales han pretendido instalar una carpa frente a la Procuraduría, pero la Policía se lo ha impedido.
Han contado con el apoyo de un grupo de diputados de la oposición, pero estos también fueron enfrentados por miembros de la uniformada.
Las presiones sobre la justicia comenzaron desde diciembre pasado, cuando se supo que Odebrecht pagó sobornos para conseguir las obras de infraestructura que le han adjudicado en el país.
El empresario Angel Rondón fue llamado a interrogatorio por el procurador Jean Alain Rodríguez, pero a pesar de que confirmó que recibió 92 millones de dólares para repartirlos entre funcionarios, no ha sido molestado nuevamente.
Se recuerda que el 22 de enero, miles de ciudadanos se lanzaron a las calles en una denominada “Marcha Verde por el fin de la corrupción y la Impunidad”, que ha prendido en la población y ya se ha realizado en otros lugares y hay una más programada para este domingo 21 en la Región Sur.
En la Marcha Verde participan personas de todos los extractos sociales del país y ya ha comenzado a llegar a los barrios.
Los grupos sociales han dicho que no confían en el ministerio público, porque este es “un país donde nunca se ha hecho justicia y donde los políticos no van a la cárcel”.
Además de la Marcha Verde, el 9 de mayo, un grupo de estudiantes ocupó por varias horas la sede del Ministerio Público pidiendo que se den a conocer los nombres de los implicados en el caso.
La información del soborno la dio el Departamento de Justicia de Estado Unidos al hacer público un acuerdo al que arribó con Odebrecht.
El documento detalla que entre los años 2001 y 2016 la referida empresa repartió US$788 millones en pagos irregulares en unos 12 países.
En República Dominicana la cifra de “propina” se estableció en US$92 millones, pero no se revelaron nombres de quienes recibieron ese dinero.
La incógnita deberá ser desvelada luego que la Procuraduría coteje y traduzca los documentos que anunció haber recibido este jueves desde Brasil.
Pero la pregunta es si los grupos populares darán tiempo al procurador de cotejar los datos llegados desde Brasil o si lo seguirán presionando para que revele nombres de implicados.
En sus manifestaciones, la Marcha Verde mantiene el lema de que se den a conocer los nombres de los sobornados. Su consigna tiene tres pilares: cárcel a los corruptos, recuperación del dinero robado y cancelación de los contratos que la empresa tiene vigentes.
Uno de ellos es la central termoeléctrica de Punta Catalina, cuya contratación la investiga una comisión.
La Marcha Verde afirma que el movimiento no se detendrá hasta que caiga el último de los implicados, y ya tienen agendadas nuevas protestas para lo que resta de mes y el siguiente
