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Gobierno de Venezuela detiene varios oficiales tras iniciarse ola de protestas

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CARACAS.- Catorce oficiales, entre ellos coroneles y capitanes, fueron detenidos en abril tras iniciarse la ola de protestas contra Nicolás Maduro, acusados de traición a la patria y de rebelión. La información, que se rumoreaba desde hacía semanas tras ser adelantada por la oposición, fue ratificada ayer por la agencia Reuters, que sostiene que estos oficiales están procesados.

El gobierno mantiene un hermetismo total respecto de los uniformados, que se encuentran encarcelados en la prisión militar de Ramo Verde, la misma donde está Leopoldo López, el preso político más emblemático del chavismo. El líder opositor insistió en la resistencia callejera a través de un video hecho público el domingo, que según su mujer, Lilian Tintori, pudo darse a conocer gracias a sus «amigos militares».

La «cuestión militar» se ha convertido en una pieza clave en la crisis venezolana, tras la decisión de Maduro de mantenerse en el Palacio de Miraflores forzando la instauración de una Asamblea Nacional Constituyente con plenos poderes. El proceso de militarización de la sociedad se ha profundizado, en forma paralela al adoctrinamiento de las fuerzas armadas para que asuman la confección de una nueva Constitución distinta a la implantada por su gran líder, Hugo Chávez.

El gobierno sabe de primera mano que entre las tropas y las filas policiales crece el descontento ante la deriva social y económica del país. La orden es que esas grietas no se ensanchen, al precio que sea.

«Hay un montón de militares que no comparten la constituyente. Los militares no viven en una cúpula de cristal como muchos creen, tienen los mismos problemas, pero no es ahí donde tenemos que buscar la solución», aseguró ayer el general (R) Miguel Rodríguez Torres, ex ministro de Interior de Maduro y jefe del Servicio de Inteligencia de Chávez.

Este militar chavista crítico, uno de los más cercanos al «comandante supremo», apoya sin fisuras a la fiscal general, convertida hoy en traidora oficial para el madurismo, que incluso se plantea acusarla de «insania mental» ante el Tribunal Supremo de Justicia.

 

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