La Corte Suprema de Estados Unidos respaldó este lunes a la administración del presidente Donald Trump al permitirle avanzar con disposiciones de una orden ejecutiva que busca imponer nuevas restricciones al voto por correo, a pocas semanas de que algunos estados comiencen a enviar las papeletas para las elecciones legislativas de noviembre.
En una decisión de seis votos contra tres, la mayoría conservadora del tribunal acogió una solicitud de emergencia presentada por el Departamento de Justicia y levantó una de las órdenes judiciales que impedían aplicar partes de la medida en 23 estados, en su mayoría gobernados por demócratas, y en el Distrito de Columbia. Los tres jueces liberales de la Corte Suprema discreparon de la decisión.
La decisión permite al Departamento de Seguridad Nacional avanzar en la elaboración de listas de ciudadanos considerados elegibles para votar, contempladas en la orden ejecutiva de Trump. La medida también instruye al Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) a establecer nuevos procedimientos para el envío de papeletas por correo y prevé que estas sean remitidas únicamente a personas incluidas en las listas correspondientes.
El Servicio Postal y los nuevos requisitos
Otra parte del decreto de Trump instruye al Servicio Postal a imponer nuevos requisitos a los estados que quieran enviar papeletas por correo, exigiéndoles que presenten a la agencia sus propias listas de votantes aptos e incluyan información en los sobres de las papeletas para permitir su seguimiento. Los jueces dieron luz verde al USPS para implementar ese aspecto del plan de Trump, pero un tribunal inferior bloqueó esa iniciativa en todo el país en un caso separado. Eso significa que probablemente serán necesarias más acciones judiciales antes de que el USPS pueda seguir adelante.
Eso significa que probablemente serán necesarias más acciones judiciales antes de que el USPS pueda seguir adelante. Y esas acciones judiciales podrían dar lugar a nuevos recursos de emergencia para llegar rápidamente a la Corte Suprema, posiblemente en cuestión de días.
“Si la norma definitiva del Servicio Postal perjudica a los estados, estos podrán impugnarla”, afirmó el tribunal en su orden.
