El Gobierno dominicano estableció un acuerdo con el Consorcio Odebrech-Tecnimont-Estrella que crea un fondo contingente que garantiza el flujo de recursos para terminación y puesta en operación de la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC), independientemente del tiempo y resultados del arbitraje por reclamo de recursos adicionales.
En una rueda de prensa, el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicano de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, y el administrador general de Punta Catalina, Jaime Aristy Escuder, ratificaron la posición del Gobierno de no pagar un centavo más sobre el valor contractual de la obra de US$1,945 millones.
Para defender la posición oficial, el Gobierno contrató a una de las oficinas de abogados más prestigiosas de Washington y Nueva York en este tipo de litigios, la firma Foley Hoag LLP, con más de 75 años de experiencia.
Sin embargo, para evitar que ese proceso implique la paralización de la obra, las partes en disputa acordaron crear un fondo contingente por monto de US$336 millones, que servirá para terminar la obra. Esos recursos serán reembolsados para cualquiera de las dos partes tomando como base la sentencia que surja del tribunal de arbitraje.
El fondo contingente se divide en dos partes, una partida de US$136 millones, correspondiente a saldo pendiente de amortización, y otra de US$200 millones que serán transferidos a una cuenta Escrow (de garantía) cuyos desembolsos se harán en la forma en que se cumpla el cronograma de entrega de la planta generadora.
Jiménez Bichara y Aristy Escude dijeron que el “Acuerdo marco para la continuación y finalización del proyecto CTPC con motivo de disputa pendiente” no implica el reconocimiento del reclamo que por US$708 millones mantiene el consorcio como necesidad adicional a los US$1,945 millones de valor contractual de la obra.
“El Gobierno dominicano mantiene su posición de no aceptar el pago de un centavo más sobre el valor contractual de esta planta eléctrica de 752 megavatios brutos”, expresó el funcionario. “Lo que hemos hecho es identificar una partida económica que impida la paralización de la obra y que debe ser compensada para una u otra parte con base en una decisión judicial”, agregó.
Dijo que los términos en que se firmó el acuerdo dejan esto claramente establecido: “que el Fondo Contingente no altera ni modifica de manera alguna el precio definitivo del contrato de EPC (Ingeniería, procura y construcción), que es de US$1,945 millones, y nada de lo establecido en el acuerdo y documentación relacionada podrá interpretarse en sentido contrario o ser utilizado como precedente, cualquiera fuere su naturaleza, en relación o con respecto a la disputa pendiente o arbitraje”.
