Minería, tierras raras y las oportunidades para la República Dominicana
Por Max Montilla
La transición energética global está redefiniendo el interés por los minerales críticos, aquellos esenciales para tecnologías limpias como paneles solares, turbinas eólicas y baterías eléctricas. América Latina y el Caribe poseen grandes reservas de litio, cobre, níquel y grafito, lo que convierte a la región en un destino estratégico para la Inversión Extranjera Directa (IED) en minería. Aunque la República Dominicana no figura entre los principales productores de estos minerales, su potencial geológico y posición estratégica en el Caribe le ofrecen oportunidades específicas para insertarse en las cadenas globales de valor.
En 2023, la IED minera en la región alcanzó los 19.800 millones de dólares, aunque sigue por debajo de los niveles máximos registrados en 2012. El 21% de la inversión mundial en minería entre 2005 y 2024 se destinó a América Latina y el Caribe. Sin embargo, la mayor parte se concentró en países como Chile, Perú y Argentina, dejando a naciones caribeñas como la República Dominicana en una posición marginal.
A pesar de esto, el país tiene un sector minero activo en oro, plata y ferroníquel, que puede jugar un papel clave si se articula con las nuevas demandas de la economía verde. La minería de níquel, en particular, podría alinearse con la creciente demanda de baterías eléctricas, siempre que se desarrollen capacidades de procesamiento y refinamiento local.
El principal desafío radica en que la región, incluida la República Dominicana, tiende a exportar materias primas sin mayor valor agregado. Entre 2019 y 2023, el 62% de las exportaciones de minerales críticos de América Latina correspondió a productos sin procesamiento o con refinación básica. Para que la IED genere un impacto productivo sostenido, es necesario incentivar inversiones que vayan más allá de la extracción, impulsando el desarrollo de industrias asociadas.
La experiencia de países como Chile, con su Estrategia Nacional del Litio, demuestra que la participación público-privada bien regulada puede atraer capital extranjero y, al mismo tiempo, generar encadenamientos productivos y transferencia tecnológica. La República Dominicana podría diseñar un marco similar para ciertos minerales estratégicos, fomentando que los inversionistas incluyan componentes de contenido local y capacitación de mano de obra nacional.
Otro punto clave es la estabilidad jurídica y regulatoria. Los grandes proyectos mineros requieren compromisos a largo plazo y reglas claras para los inversionistas. El país debe reforzar la transparencia en la concesión de licencias y en la gestión de beneficios fiscales, de modo que las inversiones se traduzcan en desarrollo sostenible y no en conflictos socioambientales.
Asimismo, el posicionamiento internacional del país como centro logístico del Caribe le permite aspirar a convertirse en un punto de procesamiento y exportación regional de minerales críticos, incluso si su producción local es limitada. Esto implicaría fortalecer puertos, energía e infraestructura industrial vinculada a la minería y la metalurgia.
En suma, aunque la República Dominicana no sea un gigante minero, la coyuntura global de transición energética abre un espacio para que se posicione estratégicamente en la cadena de valor de minerales críticos, atrayendo IED orientada no solo a la extracción, sino también a la innovación, la industrialización y el desarrollo de capacidades locales.
Nos leemos en el próximo artículo.
