“Padres ausentes”: la otra crisis silenciosa del país
Por Max Montilla
En la República Dominicana hay una realidad que no siempre ocupa titulares, pero que golpea con fuerza a miles de hogares: la paternidad irresponsable. No es un fenómeno aislado ni circunstancial; es un problema estructural que afecta directamente el desarrollo de niños, niñas y adolescentes, y que pone en evidencia las debilidades tanto culturales como institucionales del país.
Cada año se registran alrededor de 18,000 demandas por pensión alimentaria, de las cuales aproximadamente el 93% son interpuestas por madres. Este dato revela una verdad incómoda: el incumplimiento de las responsabilidades parentales recae mayoritariamente sobre los padres varones. Y aún así, la cifra real podría ser mayor, porque muchos casos nunca llegan a los tribunales o se manejan en la informalidad con aportes esporádicos que distan de una verdadera responsabilidad.
La Ley 136-03, que rige el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, establece con claridad que ser padre implica mucho más que engendrar. Supone garantizar alimentación, educación, salud, protección y formación integral. Es, en esencia, un compromiso legal y moral. Sin embargo, la práctica demuestra que entre lo que dice la ley y lo que ocurre en la realidad hay una brecha preocupante.
Precisamente por esa brecha, el país se encuentra en un proceso de reforma de esta normativa, tras más de dos décadas de vigencia. Lo que en su momento fue una ley avanzada, hoy resulta insuficiente frente a los cambios sociales, tecnológicos y familiares. La actualización busca convertir la protección infantil en una responsabilidad real y compartida entre todas las instituciones del Estado, dejando atrás la idea equivocada de que es un tema exclusivo de un solo organismo.
Uno de los aspectos más relevantes de esta reforma es el fortalecimiento del rol de la familia como núcleo protector. No desde el discurso, sino desde la exigencia. Se plantea establecer consecuencias más claras frente a la negligencia parental, incluyendo la paternidad irresponsable, y aterrizar el principio del interés superior del niño para que deje de ser una consigna y se convierta en una obligación efectiva en cada decisión.
Al mismo tiempo, la reforma reconoce nuevas realidades: desde los desafíos del entorno digital hasta cambios en la estructura familiar, como la ampliación del concepto de familia, el reconocimiento de la reproducción asistida y la inclusión de personas solteras en procesos de adopción. Es un intento serio de adaptar la ley a la República Dominicana de hoy, no a la del 2003.
Sin embargo, sería ingenuo pensar que una reforma legal, por sí sola, resolverá el problema. La raíz es más profunda. Existe una normalización preocupante del padre ausente, una cultura que durante años ha tolerado —y en algunos casos justificado— el incumplimiento de responsabilidades básicas. El resultado es una carga desproporcionada sobre las madres, los abuelos y, finalmente, el Estado.
No existe una cifra exacta de cuántos padres irresponsables hay en el país, pero los indicadores disponibles permiten afirmar, sin exagerar, que se trata de un problema extendido. Y cuando un fenómeno es frecuente, deja de ser anecdótico para convertirse en estructural.
Aquí es donde la discusión debe elevarse. No se trata solo de leyes más modernas ni de procesos judiciales más ágiles. Se trata de carácter. Porque los tribunales pueden obligar a pagar, pero no pueden obligar a formar, a ser ejemplo.
La reforma de la Ley 136-03 es un paso necesario y oportuno. Pero si no va acompañada de un cambio cultural firme, será apenas un buen documento más. Es momento de dejar de justificar la ausencia y empezar a exigir presencia. No como un acto de buena voluntad, sino como lo que es: un deber innegociable.
Al final del día, ninguna ley puede sustituir la conciencia. Esa responsabilidad nace del carácter y de los valores. La República Dominicana no necesita más padres biológicos; necesita hombres que entiendan que la paternidad es un compromiso de por vida. Porque un hijo no se abandona sin consecuencias: las paga la sociedad entera. Es momento de dejar de justificar la ausencia y empezar a exigir presencia. No como un favor, sino como lo que es: un deber innegociable.
Nos leemos en otro articulo, Dios mediante.
