La ley de Extinción de Dominio
necesaria, pero…
Por Max Montilla
Antes de iniciar quiero dejar muy claro que no soy abogado, pero he estado leyendo acerca de esta ley que está cursando dentro del Congreso. Esa misma ley lleva más de siete años de sueño profundo y que de vez en cuando se levanta aletargada.
La ley de extensión de dominio busca establecer el decomiso civil de patrimonios con orígenes ilícitos para reincorporarlos al erario sin que haya que agotar juicios penales.
La figura de la extinción de dominio se introdujo en la Constitución del 2010 en el contexto del artículo 51 que reza: “Sólo podrán ser objeto de confiscación o decomiso, mediante sentencia definitiva, los bienes de personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan su origen en actos ilícitos contra el patrimonio público, así como los utilizados o provenientes de actividades de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas o relativas a la delincuencia transnacional organizada y de toda infracción prevista en las leyes nacionales”.
En su numeral 6, el citado artículo prescribe que, “la ley establecerá el régimen de administración y disposición de bienes incautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio…”
Sin embargo, se busca que la ley sea retroactiva, misma que resulta un choque constitucional, pues el principio de irretroactividad de la ley está consagrado en el artículo 110 constitucional en los siguientes términos: “La ley sólo rige y se aplica para lo porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté subjúdice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior.”
Ahí existe un escollo legal, pues lo que se desea establecer con la citada ley, es buscar quitar todos los beneficios, si se demuestra que por método ilícito se tiene amplias propiedades y dinero.
Se destaca que en nuestro país, las leyes 5785 y 5924, de 1962, permitieron la confiscación de los bienes de los bienes de la familia Trujillo mediante procedimientos civiles y penales.
El régimen preceptivo de ley actualmente es distinto de aquella experiencia post-trujillista, puesto que se trata de un proceso que persigue bienes y no personas, mediante juicios civiles contra organizaciones criminales.
Esperemos que dicha ley pueda ser aprobada para que se persiga bienes y no personas, aunque algún jurisconsulto puede encontrarle asidero jurídico contra esa aseveración.
Nos leemos en otro artículo.
