La Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General de la Nación de Colombia firmaron un acuerdo para crear un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) destinado a fortalecer las investigaciones contra la delincuencia organizada transnacional, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, los delitos económicos y la corrupción.
El acuerdo fue firmado por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo Garzón, con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
El mecanismo permitirá a fiscales de ambos países intercambiar directamente evidencias y elementos materiales probatorios, ejecutar medidas procesales de manera conjunta y coordinar investigaciones relacionadas con casos concretos de criminalidad transnacional.
Reynoso destacó que el acuerdo incluye desde su firma un plan operativo, lo que, a su juicio, refleja el compromiso de ambos países de mantener una cooperación oportuna.
“Para la República Dominicana, y sé que también para Colombia, esta firma de equipo conjunto de investigación tiene algo especial: es una firma que tiene su plan operativo incluido”, indicó.
Trata de personas, una prioridad
La procuradora señaló que República Dominicana utilizará esta herramienta para enfrentar delitos como la trata de personas con fines de explotación sexual y el tráfico ilícito de migrantes.
Recordó que el país ya había establecido un primer Equipo Conjunto de Investigación con Chile y aseguró que el Ministerio Público continuará utilizando los instrumentos previstos en la Convención de Palermo.
“El delito de la trata de personas lacera profundamente la dignidad de las personas. Es un delito que su objetivo es comercializar seres humanos”, expresó Reynoso.
Añadió que la lucha contra este delito constituye una prioridad para la actual gestión del Ministerio Público.
“Cuando un ser humano es objeto de una comercialización y es sometido a tratos que son más propios de la esclavitud, es un delito, reitero, que requiere una mirada holística y que requiere siempre una atención especial”, manifestó.
Reynoso sostuvo que las autoridades tienen “la obligación ética y legal de trabajar para alcanzar objetivos estratégicos de altos impactos para la vida de millones de personas, en este caso, colombianos y dominicanos, y otras nacionalidades que vienen a vivir a nuestros países”.
Colombia suma su ECI número 18
Por su parte, Luz Adriana Camargo Garzón informó que este constituye el Equipo Conjunto de Investigación número 18 establecido por Colombia con países signatarios de la Convención de Palermo.
“Quiero empezar por celebrar la posibilidad de que lleguemos a acuerdos concretos para el intercambio de información en un tema tan importante como el que nos convoca hoy, que trabaja directamente contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual, que es un flagelo que tiene agobiado no solo a nuestra región”, afirmó.
La fiscal colombiana señaló que la trata de personas también tiene repercusiones en distintos países de Europa y consideró indispensable que los delitos transnacionales sean enfrentados mediante mecanismos de cooperación internacional.
“Hemos encontrado que, definitivamente, en delitos transnacionales la lucha tiene que ser a través de instrumentos como este que nos permitan hacer un intercambio ordenado, informado, un instrumento que nos permita contar con investigación aquí y allá, pero también que nos permita desarrollar programas conjuntos de investigación”, indicó.
Camargo planteó, además, la necesidad de que ambos países compartan metodologías y experiencias de investigación para fortalecer sus capacidades institucionales.
Seguir la ruta del dinero
La fiscal general de Colombia destacó la importancia de la persecución de las finanzas criminales, no solo respecto de las ganancias obtenidas por las organizaciones, sino también de los recursos que utilizan para ejecutar sus operaciones.
“Porque eso supone una movilización de dinero que podemos y debemos alcanzar si vemos las enseñanzas de Falcone muy sencillas: sigue el dinero, sigue la ruta del dinero”, expresó.
Base jurídica del acuerdo
El ECI se sustenta en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como Convención de Palermo, así como en las normas procesales penales de República Dominicana y Colombia.
El artículo 161 de la Ley 97-25, que instituye el Código Procesal Penal dominicano, contempla la posibilidad de que el Ministerio Público coordine investigaciones con autoridades extranjeras y conforme equipos conjuntos sometidos al control judicial.
Colombia ratificó la Convención de Palermo el 4 de agosto de 2004, mientras que República Dominicana lo hizo el 26 de octubre de 2006.
El equipo contará con cooperación y apoyo logístico de la UNODC y busca facilitar una coordinación más rápida entre fiscales dominicanos y colombianos ante investigaciones que involucren a ambos territorios.
